La decisión de proteger Los Cedros fue la culminación de una batalla legal de años entre los defensores de este ecosistema en peligro y las empresas mineras, incluidos segmentos del gobierno ecuatoriano que promovían el desarrollo minero. La sentencia sentó un precedente para la aplicación de las disposiciones ecuatorianas sobre los derechos de la naturaleza, y sus efectos se extendieron a otros bosques del país y del mundo. La importancia del caso radica en el singular argumento jurídico que triunfó en los tribunales: en lugar de suponer que la naturaleza es un objeto que debe regularse y controlarse, la Constitución de Ecuador concede derechos a formas de vida distintas de la humanidad, incluidos ecosistemas enteros; además, la sentencia establecía claramente que los Derechos de la Naturaleza no se limitan a los bosques protegidos. El uso exitoso de esos derechos para defender un ecosistema como Los Cedros sienta un poderoso precedente para el futuro, a menudo llamado "jurisprudencia de la Tierra".